José Ignacio Gracia Noriega

Sobre la justicia
 

Estoy enteramente de acuerdo con el artículo publicado por Antonio Masip en LA NUEVA ESPAÑA del 13 de junio pasado. Artículo cuya importancia aumenta si se tiene en cuenta la personalidad de su autor, quien, además de ser colaborador destacado de Amnistía Internacional, siempre se ha distinguido, como abogado, como político y como ciudadano, en la defensa de causas extremas y un perdidas. Una cosa es estar en contra de la pena de muerte y otra exaltar hasta el exceso a quien se ha librado de ella. «Los medios de comunicación que le han contratado, los corresponsales que han llorado ante las cámaras, algunos políticos deberían tener una pizca de prudencia y de distancia», escribe Masip. Añado yo que deberían tener también un poco más de vergüenza. Gracias a toda esa gente que se ha orquestado en torno al individuo que se libró del «corredor de la muerte», éste ingresa por propios méritos en el olimpo de los horrores de esta democracia, inaugurado hace años por la etarra arrepentida Yoyes.

Vivimos en el reino de los excesos, sin posibilidad de términos medios. Se ha recibido a Joaquín José Martínez como si fuera un deportista que viene de ganar la Copa Davis o algo por el estilo. A mí me parece muy bien que un individuo haya podido liberarse de la pena de muerte; pero también es preciso reconocer que el sistema judicial norteamericano, con todas las imperfecciones que se han evidenciado, ofrece la posibilidad de rectificación. En China le hubieran ejecutado hace años y, además, no nos hubiéramos enterado, porque no habría medios de comunicación que informaran del caso. El juicio contra Martínez permitió expresar la gran fobia antinorteamericana de buena parte de la sociedad española. Con motivo del viaje de Bush a España, quinientos irredentos se congregaron ante la Embajada norteamericana llamándosele asesino, porque en la gran nación que rige hay pena de muerte y, clamando, de paso, en defensa de Cuba y Palestina, dos países donde hay pena de muerte y nadie protesta por ello. Todavía hace poco fueron fusilados a lo medieval, es decir, públicamente, varios palestinos y ninguna voz se alzó contra Arafat. Y yo estoy convencido de que si en esos países hay pena de muerte es porque Castro y Arafat quieren que la haya; en cambio, en los EE UU es la mayoría de la población quien se muestra favorable a ella y vota en ese sentido.

El triunfalismo patriotero con que se ha recibido la declaración de no culpable de Martínez es deleznable. Tal parece como si España fuera el paraíso de las libertades, cuando lo único que sucede es que aquí hay mucha más permisividad que en los EE UU o en otras naciones civilizadas. En EE UU un asesino puede ir a la silla eléctrica; en España, a los cuatro años está en la calle. Ni tanto, ni tan calvo, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no le alumbre.

Todo lo que se ha dicho aquí durante el juicio y posterior liberación de Joaquín José Martínez parece dar por sobreentendido que gozamos de un sistema judicial perfecto y sin mácula. Por desgracia no es así. Como lo demuestran las encuestas, el sistema judicial español está completamente desprestigiado entre los ciudadanos españoles. En una palabra: los españoles no se fían de la justicia de su país. ¿Por qué, pues, ver la paja o la viga en el ojo ajeno cuando en el nuestro hay vigas en los dos? Se ha repetido hasta la saciedad que Martínez salvó la vida gracias a que contó con los servicios de un abogado carísimo (que se parece, por cierto, a Henry Fonda), porque en EE UU la justicia es muy cara y quien dispone de un buen abogado caro se libra, y el que no, va a hoyo. ¡Anda!, ¿y en España es gratuita la justicia? En este país, la justicia no actúa de oficio ni en casos gravísimos. Para los casos más insignificantes es indispensable acudir a un abogado. Hay también jueces arbitrarios o que juzgan de manera preconcebida. Yo tengo datos sobre un juez que durante el interrogatorio no respetó los derechos del acusado y cuando éste recurrió, le contestaron del tribunal pertinente que daba igual, porque total no había padecido privación de libertad.Y este juez ha ascendido; imaginen que tenga que juzgar un caso serio, es como para poner los pelos de punta.

Otra cuestión es que se ha ensalzado también hasta la saciedad que en España no existe la pena de muerte. No existe en los códigos, es verdad. Pero hay una banda de verdugos que la están aplicando continuamente y de manera indiscriminada, sin que el Estado haga otra cosa contra ellos que organizar manifestaciones silenciosas. El Estado tiene la obligación de defender a los ciudadanos y no los defiende condenando «enérgicamente» a los «violentos». Mientras haya ETA, es insensato decir que en España no hay pena de muerte.

 
La Nueva España • 24 de junio de 2001
 

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